El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado expediente sancionador contra el propietario de una finca de la carretera de Cala Tarida donde se acumulan toneladas de residuos contaminantes y peligrosos, además de un centenar de vehículos y embarcaciones en estado de abandono. Además, recibirá una notificación donde se le da un mes de plazo para retirar todos estos restos y se le ordena la restitución de la finca a su estado original. «Hemos tenido mucha paciencia en este caso pero la situación está llegando a un punto insostenible que no podemos tolerar por más tiempo», ha dicho la regidora de Medio Ambiente, Mónica Fernández.
La finca en cuestión ha sido objeto de reiteradas quejas por el riesgo ambiental y de seguridad que representaban el importante volumen de residuos peligrosos y contaminantes, además de más de un centenar de vehículos abandonados. Fruto de estas denuncias, el Ayuntamiento ha requerido reiteradamente al propietario que asumiera su obligación de mantener en buen estado la finca. De hecho, los primeros avisos de la situación llegan en el 2016. A raíz de estos, se han hecho varias inspecciones que han confirmado la acumulación de residuos peligrosos, como materiales químicos contaminantes y combustibles, junto con evidencias de la reparación de vehículos y embarcaciones a cielo abierto y sobre un suelo permeable. También se acumulan los restos de materiales de construcción y sin ninguna medida de prevención de riesgos ni ningún cuidado de la vegetación.
Pero el principal riesgo en la finca lo representa el hecho que se acumulan desde turismos hasta camiones y maquinaria de gran tonelaje, además de embarcaciones en un número creciente. Según el último recuento, que se recoge en el informe jurídico que avala la actuación municipal, hay 41 vehículos y 59 embarcaciones de gran eslora, número que se ha duplicado en el último año.
Todos los intentos de una resolución negociada del caso han sido infructuosos, de hecho, en los últimos meses el problema se ha agraviado. Para todo esto, el Ayuntamiento ha optado por la apertura de un expediente que puede suponer importantes sanciones económicas al responsable y la orden de retirada inmediata. Justo es decir que cualquier prórroga para devolver la finca a la situación previa dependerá que durante el mes que tiene de plazo el propietario inicie los trabajos para gestionar adecuadamente todos estos restos.
Transcurrido el plazo que tiene de un mes, el Ayuntamiento podrá actuar de manera subsidiaria reclamando los costes de la operación, que se estima que será también elevado, además de los intereses y gastos de gestión de los residuos.
Además de la orden de retirada, el Ayuntamiento ha remitido el caso a la consellería balear de Medio Ambiente para que actue en el ámbito de sus competencias en materia de residuos peligrosos. También se plantea el traslado del caso a la Fiscalía de Medio Ambiente por si considera que la situación puede constituir delito.
