El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha iniciado el procedimiento de declaración de la ruina del edificio A de los apartamentos Don Pepe, des Codolar, ante la situación de riesgo para la integridad de las personas que presenta el inmueble. Con este expediente, se ha decretado el inmediato desalojo del edificio, con un plazo de 72 horas para los residentes para evacuar sus pertenencias. También se ha activado el dispositivo de Servicios Sociales que permitirá realojarlos en iguales condiciones que los vecinos de las dos escaleras ya desocupadas hace unos meses.
«Los informes de que disponemos no permiten ninguna alternativa. El riesgo que representan los Don Pepe es inminente y cada día que pasa exponemos a las familias que viven a un riesgo cierto. Antes de tomar esta decisión hemos agotado todas las alternativas y hemos llamado a todas las puertas», ha explicado el alcalde, Ángel Luis Guerrero que ha añadido que hace unos días se informó el representante de los propietarios que no se esperaría más para declarar el estado ruinoso. «La única buena noticia que podemos ofrecer a estos vecinos es que les podemos compensar parte de lo que perderán a través de un esponjamiento ambiental de este solar. Esta es la única opción viable técnicamente y jurídica que hemos encontrado», ha añadido.
El hecho que el edificio A esté fuera de ordenación hace que «su valor sea cero, pero atendiendo al hecho que se encuentra dentro del Parque Natural, el Ayuntamiento puede promover el esponjamiento ambiental de la zona y disponemos de una tasación que permitiría pagar en este caso 1,971.000 euros a todos los propietarios, pero tienen que estar todos de acuerdo. No podemos hacer un esponjamiento parcial», ha añadido el alcalde.
Guerrero ha dejado claro que el Ayuntamiento no tiene «ninguna obligación» en este caso, pero «somos un equipo de gobierno progresista y nos comprometimos a no dejar nadie atrás en esta crisis. Nos afecta la pérdida que sufrirán estas familias humildes de gente trabajadora y nos hemos roto la cabeza para poderles ayudar en la medida del que está en nuestras manos». Con esta oferta «el Ayuntamiento también quiere evitar el largo y peligroso proceso de degradación que sufriría, compensar por su pérdida los propietarios y también ahorrarles el coste que les podría suponer tirarlo ellos mismos, que estimamos que puede ser próximo al millón de euros», según el alcalde.
La declaración de ruina dará seguridad jurídica a las personas afectadas, dado que muchas de ellos podrán dejar de pagar las hipotecas y otras cargas sobre estos pisos donde no se puede vivir. También tienen la opción de presentar alegaciones en contra e incluso recurrir a los juzgados la decisión del Ayuntamiento si no están conformes. El Ayuntamiento «no les discute su propiedad, pero tiene que velar por la seguridad de las personas. Si demuestran ante un juez que el edificio es seguro, lo respetaremos», ha explicado Guerrero.
Así, las personas que viven en las tres últimas escalas de los apartamentos Don Pepe serán realojadas temporalmente en un establecimiento turístico por un plazo máximo de dos meses mientras buscan un alojamiento normalizado. En esta tarea, recibirán también el apoyo asistencial que puedan necesitar de los servicios sociales municipales, que consiguieron gestionar con éxito los primeros desalojados del edificio. Los servicios sociales municipales harán, como entonces, un seguimiento individualizado de cada familia para canalizar sus necesidades al recurso más adecuado.
El alcalde también ha mostrado su preocupación ante la situación del edificio B, donde ha reiterado a los propietarios la petición que presenten cuando antes un proyecto de rehabilitación que garantice la seguridad del edificio, porque nuestros informes técnicos sugieren que «podría estar afectado por las mismas patologías que el edificio A y se tiene que actuar antes de que sea tarde».
