El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha formalizado la contratación de un servicio de cobro en el extranjero de las sanciones en materia de tráfico. De este modo, se usa la posibilidad que proporciona la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha licitado en beneficio de los asociados este servicio de cobro de las multas impuestas a titulares y conductores con domicilio fuera del Estado. En el caso de Sant Josep, más allá de reducir la morosidad en estas sanciones de difícil cobro, lo que se busca es «conseguir acabar con la impunidad de los infractores. Algunos incívicos que nos visitan tienen la impresión que nuestras leyes no van con ellos y lo que queremos es acabar con esta sensación de impunidad que tienen», ha dicho la regidora de Policía, Pilar Ribas.
La empresa que asume el cobro de estas multas, Nivi Credit SL, que es la adjudicataria de los cuatro lotes geográficos en que dividió la FEMP la licitación de este servicio, recibirá un porcentaje del importe de las multas que consiga cobrar. «Así, los ingresos que perciba la empresa dependerán de su propia eficacia, que sabemos que es muy alta, con lo que esperamos reforzar el carácter disuasivo de las sanciones que pone nuestra policía», según Ribas.
Inicialmente, se ha estimado que el valor del contrato firmado con esta entidad es de unos 58.760 euros por los tres años de duración prorrogables a un cuarto ejercicio (con el IVA aparte).
Esta cantidad se ha estimado en base a los datos de morosidad e impagos registradas los últimos años entre conductores y vehículos de procedencia extranjera. Según el informe justificativo que acompaña la contratación, en 2018 el total de multas de tráfico impuestas en el municipio de Sant Josep fue de 8.044, de las cuales 1.415 se impusieron a ciudadanos extranjeros, el 17% del total.
Por estas multas se ingresaron 17.880 euros (en los que se incluyen también los descuentos aplicados en el pago en periodo voluntario), mientras que quedaron pendientes de cobro otros 183.160 euros.
El año siguiente los conductores y conductoras de origen extranjero fueron 997 del total de 6.245 sancionados, el 16%. En este ejercicio estas personas abonaron 4.320 euros mientras quedaron pendientes de cobrar otros 153.420 euros.
