A partir de mañana, después de la publicación hoy al Boletín Oficial de las Islas Baleares, se abre el plazo para que las personas desalojadas a raíz de la situación de peligro del edificio A de los apartamentos Don Pepe puedan pedir las prestaciones económicas para atender esta emergencia social ante el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Hay hasta el próximo 30 de noviembre de plazo para presentar las solicitudes para optar a estas prestaciones, financiadas con una aportación de 500.000 euros del Consell de Ibiza a través del convenio firmado en diciembre pasado con el Consistorio, que asume la gestión.
Una vez establecidas las bases que regularán estas prestaciones según el criterio de los técnicos de ambas administraciones, se prevé destinar 10.000 euros a cada propietario residente en el edificio desalojado, con un máximo de una prestación por vivienda; 5.000 euros para los propietarios que no vivían en el bloque A pero residen en las islas, independientemente del número de pisos de los que sean titulares, y 2.500 para las personas que vivían en el edificio en régimen de alquiler. A estas cifras se pueden añadir 1.000 euros adicionales por cada hijo menor de edad o persona dependiente que conviva con la beneficiaria.
Las personas beneficiadas recibirán en un primer momento el 60% de la cantidad económica demandada y el resto en un plazo de tres meses, una vez se hayan reunido con los servicios sociales municipales para acreditar que se ha hecho un buen uso de estos fondos. Según estipulan las bases, este buen uso implica destinar la prestación a evitar que las personas afectadas pasen a una situación de vulnerabilidad. Así, se pueden destinar a la manutención, ropa, el uso del hogar y todas aquellas relacionadas con la integración escolar, laboral y social de las familias beneficiarias.
Según las bases publicadas hoy, estas prestaciones son compatibles con otras ayudas, como las que prepara el Govern balear para subvencionar durante los próximos años los alquileres de las familias desalojadas, en cumplimiento del compromiso público logrado con el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza de estar junto a estas personas mientras llega la solución definitiva de su caso. Estas prestaciones se ponen a disposición de los afectados respetando también el calendario acordado, dado que la administración local se ha hecho cargo desde el primer momento de la primera respuesta ante la situación de peligro generada por el mal estado del inmueble.
En esta línea, el Ayuntamiento de Sant Josep asume los gastos derivados del alojamiento provisional de las personas que tuvieron que salir del edificio el diciembre pasado, así como las ayudas económicas necesarias para hacer frente a los primeros meses de alquiler de los que van encontrando una vivienda fuera de este alojamiento provisional, igual que todos los gastos derivados como el transporte y custodia de los bienes de las familias afectadas, además de otras como la vigilancia presencial y electrónica del edificio ruinoso.
