El Ayuntamiento de Sant Josep ha celebrado esta mañana la primera Junta Local de Seguridad del año, en la que se ha hecho un balance positivo del 2022 en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos marcados de mejora de la coordinación entre cuerpos y en la persecución de determinadas prácticas de intrusismo, especialmente en el caso del transporte ilegal de personas y las fiestas clandestinas en viviendas. La junta de seguridad ha sido presidida por el alcalde, Ángel Luis Guerrero, y ha contado con la presencia del director insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, Enrique Sánchez, la teniente de alcalde de Gobernación de Sant Josep, Pilar Ribas, el director general del ISPIB, Vicenç Martorell, los mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Policía Local de Sant Josep además de representantes de los grupos políticos con presencia al plenario.
Desde el equipo de gobierno se ha valorado la eficacia que han demostrado las cámaras de videovigilancia instaladas en los accesos al aeropuerto, que han permitido sancionar a más de 40 conductores que ejercían como ‘taxistas pirata’ y han tenido un importante efecto disuasivo. Por eso Ribas ha anunciado que se seguirá avanzando por esta línea con el proyecto previsto para implantar una red de videovigilancia dotada de cerca de 40 cámaras repartidas en los principales puntos de la red viaria del municipio, que recibirá financiación de la Unión Europea.
Ante una temporada turística de plena normalidad, también se había marcado como un objetivo principal garantizar la buena convivencia ciudadana a través de un control eficaz de los establecimientos de ocio. En este sentido, «los resultados han sido más que positivos, con un descenso de las quejas por ruidos del 44% respecto al año pasado, cuando todavía había restricciones», ha explicado Ribas, que ha recordado actuaciones como los diversos precintos cautelares de los equipos de música en varios negocios «hasta que no pudieron certificar el cumplimiento estricto de las ordenanzas que tenemos para garantizar el descanso de la ciudadanía». Otro frente de este objetivo han sido las fiestas particulares, en las que se ha registrado un descenso de denuncias de las 1.428 registradas en el 2021 a las 811 de 2022, una situación que se explica por la eficacia de los controles policiales y «por la reapertura de la oferta de ocio de la isla».
De cara al año que acaba de empezar, y ante el previsto endurecimiento de las leyes que promueve el Gobierno central, que, entre otras cosas, endurece las penas a los proxenetas y permitirá sancionar penalmente con hasta 4 años de prisión a los clientes de la prostitución, Ribas ha anunciado que la persecución de la explotación sexual será uno de los frentes prioritarios de actuación policial, con operativos que perseguirán estos delitos tanto en las calles del municipio como en los inmuebles donde se detecten estas situaciones.
Especialmente durante la temporada, también se reforzarán las intervenciones para erradicar el menudeo de drogas en las calles de las zonas más turísticas del municipio, Platja d’en Bossa y Cala de Bou, junto con la prevención del consumo de alcohol en grupo en la vía pública.
También de cara a la próxima temporada alta de visitantes, se mantiene como uno de los objetivos la prevención de las situaciones de riesgo que se derivan de la aglomeración de personas y vehículos en determinados puntos del municipio como Cala d’Hort en la puesta de sol. En este sentido, se ha pedido una respuesta coordinada de los cuerpos competentes a la vez de prevenir los comportamientos incívicos que lleguen a bloquear la carretera y dificulten la llegada de los vecinos a sus casas. Desde el Ayuntamiento también se ha explicado que se están estudiando posibles actuaciones en esta vía para dificultar el aparcamiento descontrolado en los bordes.
