El Ayuntamiento de Sant Josep devolverá al Consell de Ibiza los fondos remanentes para las ayudas a las personas afectadas por el desalojo de los Don Pepe, una vez tramitadas y concedidas todas las ayudas que se solicitaron. A pesar de haber pagado el total de las peticiones económicas recibidas y con el 100% del que pedían aquellas que cumplían los requisitos, han quedado para conceder 165.500 euros de los 500.000 que asignó la institución insular a estas personas, el 33% del total, que ahora se le reingresen. Paralelamente, se siguen tramitando también las ayudas al alquiler aprobadas por la consellería de Asuntos Sociales a medida que se van registrando en el Ayuntamiento. Con la aprobación en junta de gobierno hace unos días de las últimas seis peticiones recibidas, se han recibido ya un total de 24, con un gasto comprometido de 230.000 euros para ayudar a hacer frente al coste del arrendamiento de los afectados entre los años 2022 y 2023.
«Tal como nos comprometimos hemos estado siempre junto a las familias afectadas tanto con recursos propios como gestionando las ayudas han podido aportar desde el resto de administraciones. Y a pesar del poco personal que tienen los servicios sociales, todo se está tramitando con la máxima diligencia y en un tiempo récord, porque sabemos que estas personas lo necesitan», ha dicho el alcalde, Ángel Luis Guerrero.
A petición del Consell de Ibiza, el Ayuntamiento aceptó el encomiendo de la institución insular para gestionar un fondo de medio millón de euros para atender la emergencia social a raíz de la ruina del edificio A de los Don Pepe a través de un convenio firmado a finales del año 2021. Hasta el mes de noviembre que había de plazo, se han tramitado y concedido 38 peticiones de las 43 recibidas, que suben hasta los 334.500 euros.
Según el reparto acordado con la institución insular, cada propietario que vivía en el inmueble tenía que recibir 10.000 euros, los que tenían un piso en el inmueble pero no residían podían pedir 5.000 euros de ayuda y los alquilados, 2.500 euros. En cualquiera de los casos, se tenía derecho a 1.000 euros más por cada menor o persona dependiente a cargo. Finalmente, se han otorgado 10.142 euros de ayuda media entre las 28 peticiones registradas por parte de los propietarios residentes en el edificio, 5.800 euros de media entre las 5 peticiones de personas que tienen algún piso en los Don Pepe pero no vivían en el momento del desalojo y 3.200 euros de media entre los cinco alquilados que lo han solicitado. Otras cuatro solicitudes de ayuda se desestimaron porque los demandantes no aportaron la documentación que se les pedía a pesar de los diversos requerimientos para hacerlo, mientras que solo una de las peticiones se denegó porque no cumplía los requisitos.
Justo es decir que a día de hoy las familias de los Don Pepe todavía pueden seguir solicitando las ayudas a los gastos de alquiler financiados por el Govern, más allá de las 24 concedidas a día de hoy, todas las que se han presentado. Esta línea de ayudas ha representado un gasto de 70.960 euros para el año 2022 y otros 159.040€ que se entregarán a través de pagos periódicos a lo largo de este 2023. A pesar de que la media es de casi 10.000 euros por solicitante, se han atendido demandas que van de los 800 euros hasta los 14.800 euros. El Ayuntamiento y la Consellería balear de Asuntos Sociales acordaron prestar esta ayuda a lo largo de cuatro anualidades, con 145.000 euros por el primer año de vigencia, 291.000 euros los dos siguientes y una última consignación de 145.000 euros por el 2025.
Estas cuantías se añaden a la primera ayuda de emergencia que proporcionó el Ayuntamiento a los afectados, con la estancia en un establecimiento turístico por un periodo de dos meses que representó un gasto global de 130.000 euros. A esta cifra se tienen que sumar otros 44.000 euros para ayudar a reinstalarse a 36 de las familias afectadas, más de 20.000 euros en ayudas directas al alquiler a los que lo necesitaron en un primer momento y otros gastos como una nave para depositar sus pertenencias, 194.000 euros en total. Esto representa una media de 3.880 euros por cada uno de las viviendas, más del doble si se añade el gasto del apuntalado de emergencia del edificio, que tuvo que asumir también el Ayuntamiento, así como la valla perimetral y el servicio de vigilancia presencial y electrónica desplegada para evitar robos y ocupaciones.
