El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado en el plenario extraordinario celebrado esta mañana la moción del equipo de gobierno que pide al Consell la suspensión de su planeamiento, junto con la propuesta de unas Normas Provisionales que reducen casi a la mitad el suelo urbano y urbanizable del municipio (el 47,8%), dado que pasa de las 2.162,16 hes a las 1.310 hes del nuevo ordenamiento propuesto. La propuesta, que tal como se ha informado, ha sido consensuada con el Consell de Ibiza, ha recibido el apoyo de los dos partidos que forman el equipo de Gobierno, el grupo del PP y Ciudadanos. Ara Eivissa, que ha optado por la abstención, y Proposta per Eivissa y Vox, han votado en contra.
El alcalde y responsable de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, ha repasado en su intervención la larga etapa «de oscurantismo y urbanismo clientelista» que ha sufrido el municipio, en el que ha definido como un «saqueo» a la ciudadanía, que ha sido la víctima de un «expolio sistemático», porque la discrecionalidad que se practicaba ha impedido que el Ayuntamiento recibiera nunca «lo que le tocaba en cuanto a terrenos, zonas verdes, calles y aprovechamiento. Que no es por capricho sino para atender las necesidades de la población, como escuelas, escoletes, equipaciones educativas y deportivas o viviendas de promoción pública», ha recordado.
Esta etapa de «gobiernos municipales permisivos, con técnicos municipales corruptos que nunca practicaron el interés general» ha tenido como efecto a largo plazo que la gestión urbanística de Sant Josep ha llegado a una situación de no retorno que obliga a pedir esta suspensión, ha argumentado el alcalde, que ha repasado de manera pormenoritzada las consecuencias de aquella etapa, con situaciones como la concesión de licencias de edificios en suelo rústicos donde las cesiones obligatorias al Ayuntamiento «son inviables».
La propuesta que se remite ahora al Consell se adapta también a la normativa urbanística sobrevenida, a la que no se habían adaptado nunca las normas subsidiarias de 1986 y hecho por el cual también han quedado «desfassades».
El regidor Vicent Roig ha intervenido en nombre del grupo popular y ha recordado el trabajo que se ha hecho para llegar a un consenso por las nuevas normas provisionales con el Consell, y ha considerado que es «un ejemplo que no se da muy a menudo de colaboración institucional». También ha criticado que en los últimos años, que la izquierda ha gobernado la Corporación, no haya sido capaz de aprobar un nuevo ordenamiento.
El portavoz de Ciudadanos, Dani Becerra, ha lamentado el dinero que ha costado los intentos previos de revisar el ordenamiento del municipio, a pesar de que también ha dado su apoyo a la moción.
Desde Ara Eivissa, Josep Antoni Prats ha dicho que compartía «totalmente» el diagnóstico hecho por el alcalde pero ha justificado su abstención en el hecho que el nuevo planeamiento provisional no se ha traducido todavía al catalán y mantiene algunos planes parciales «tal como estaban en el 86», a pesar de que en estos casos Guerrero ha contestado que su desarrollo se remite al futuro Plan General de Ordenación Urbana en el que ya se está trabajando.
El regidor de Proposta per Eivissa, Vicent Torres, considera que el PGOU «es el urgente» y no las normas provisionales, que critica que retrasarán la aprobación de un ordenamiento revisado completamente. Por parte de VOX, que también ha votado en contra, se ha criticado la gestión del urbanismo de los últimos años.
Guerrero ha avanzado que las NPP rebajan la capacidad máxima de las áreas urbanas de Sant Josep de los 62.307 de las NNSS de 1986 a los 43.720 habitantes, pero también ha aclarado que este techo es muy menor «si nos referimos solo a las áreas del municipio donde se podrá pedir licencia sin más trámite, estas suman un límite de 31.702 habitantes», porque para poder sumar los 11.478 habitantes potenciales de las áreas urbanas menos desarrolladas del municipio «tendrán que obtener el informe favorable que acredite que podrán disponer de agua suficiente». En consecuencia, el techo poblacional se reduce entre un 32 y un 50% (cifra que solo se llegará a lograr en caso de que se acreditara la suficiencia de recursos hídricos).
A las nuevas unidades de actuación para obtener suelo para solucionar las deficiencias de equipaciones de determinadas áreas la cesión por el Ayuntamiento será aproximadamente del 50% de la superficie bruta. Solo se desclasifica un urbanizable, el denominado de Cas Damians, y no se clasifican nuevos suelos ni se altera la clasificación de los existentes, a pesar de que se usa la fórmula del Suelo Urbanizable Directamente Ordenado (SUDO) por la obtención anticipada de terrenos para las operaciones urbanísticas consideradas más urgentes desde el equipo de gobierno.
La primera de estas se hace en cumplimiento del acuerdo del Consell de Alcaldes de ampliar el suelo industrial disponible. En este caso, se propone la reconversión de una zona contigua a un polígono industrial del municipio de 8,93 hectáreas con la siguiente delimitación: 45.609 metros cuadrados destinados a naves industriales, 13.964 m² para equipaciones municipales y 12.612 m² de espacio libre público.
Con el segundo SUDO propuesto se busca obtener terreno suficiente para la construcción de 100 viviendas para realojar las familias de los apartamentos Don Pepe, además de la viabilidad necesaria para la nueva urbanización, situada junto a una zona ya consolidada.
También se designan como parte del sistema general de equipaciones municipales un suelo urbanizable al antiguo sector 1.1 de Can Burgos de donde el Ayuntamiento obtiene un terreno de 14.882 metros cuadrados, necesarios para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. También se designa una superficie de 28.248 a la parte posterior de Cala de Bou donde se propone ubicar equipación cultural y cultural. Del mismo modo se hace también con un terreno anexo en la escuela de Sant Jordi para el futuro desdoblamiento del centro educativo. Además, se prevén también dos unidades de actuación en la entrada de Sant Josep desde Ibiza para obtener suelo por la glorieta prevista para descongestionar el acceso al núcleo.
De las 583,3 hectáreas urbanas definidas de manera detallada, se fijan las determinaciones por 517,9 de ellas, mientras que a las 65,4 restantes las NPP se remiten a las condiciones fijadas en los planos parciales que las desarrollaron. Según las diferentes calificaciones, en estas zonas se clasifiquen 254.260 metros cuadrados de sol por equipaciones, 81.826 m² de espacio libre público y 8.877 de privado.
En resumen, del total de 924,7 hectáreas de solo urbano definidas a las NPP, solo será posible la autorización de edificaciones a 478 hes (el 51,74%), que son las ordenadas de manera directa y fuera de los ámbitos de las unidades de actuación (51,63 h) o de los qué requerirán de un plan especial para dotar de infraestructura urbana una zona (53,21 h). A las 446,22 hectáreas restantes hará falta la formulación y ejecución previa de planeamiento por su desarrollo antes de permitir la construcción.
