El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha dado cumplimiento a la autorización judicial de entrada para proceder a la ejecución subsidiaria del derribo del complejo turístico ilegal de Casa Lola. Cómo se había informado, la entrada se ha producido a las 9 horas de la mañana en un operativo donde la Policía Local de Sant Josep ha recibido el apoyo de dos docenas de efectivos de varias unidades de la Guardia Civil, después de confirmar la carencia de colaboración de las personas en el interior del recinto. Una vez forzada la entrada, se ha procedido a hacer el acta de replanteo de los trabajos de demolición que se tienen que completar en el plazo máximo de 60 días dado por la sala del contencioso–administrativo número 2 de Palma.
El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, ha comparecido en la finca a media mañana para valorar el operativo y ha considerado que el día de hoy «marca un antes y un después para Sant Josep en la protección de la legalidad». Ha recordado que las órdenes de demolición para Casa Lola datan de 2010 y 2013, y ha lamentado nuevamente todos los años que la propiedad ha conseguido retrasar esta ejecución en los tribunales.
«Aquí se acaba una historia demasiado larga que podía hacer pensar que en nuestro municipio hay impunidad para algunos. Pero aquí nadie ha parado de trabajar nunca. Y quiero dar las gracias a los servicios urbanísticos y a los agentes que lo han hecho posible, sin tirar nunca la toalla y haciendo el trabajo bien hecho. La administración es lenta, pero inexorable. Hoy los que creían que nunca llegaría este día recuperarán un poco de la confianza perdida. Nunca hemos perdido de vista que no había otro final posible que este, el día de aplicar la justicia y dar cuentas ha llegado», ha explicado.
Guerrero ha explicado que en el interior se habían encontrado cerca de 60 personas alojadas, con el contingente más numeroso formato por una familia de más de 30 miembros con bebés incluidos que ha sido la que más tiempo ha tenido para evacuar el recinto atendida esta complicación. «Habían entrado ayer mismo en la casa y hacía cuatro días que la reservaron, así que pensamos que estamos ante un posible delito de estafa», ha dicho el alcalde, que ha asegurado que se ha documentado la situación de las personas alojadas para dar traslado a Fiscalía y que investigue este y otros ilícitos penales en un caso donde la responsable es «una persona que ya tiene antecedentes penales».
Guerrero también ha «echado de menos la presencia de inspectores de Turismo», porque habrían facilitado este trabajo de investigación. Aun así, se ha levantado acta de todo lo que se ha encontrado.
Justo es decir que la normalidad ha sido la nota dominante durante la mañana, en la que los agentes han ido registrando cada volumen del complejo para informar a los ocupantes que tenían que salir del recinto por su seguridad para poder iniciar las obras. Aun así, tres individuos han resultado detenidos en el transcurso del operativo por plantar resistencia a la actuación de la fuerza pública. Dos de estas personas serían supuestamente ‘trabajadores’ mientras que el tercero se considera que estaba ‘alojado’ en el complejo ilegal.
Además de esto, las fuerzas de seguridad han vaciado ordenadamente el complejo e informando a los ocupantes de cada construcción que tenían que salir de la propiedad. Los trabajos de derribo se han iniciado ya este mismo dia y se tiene la previsión de acabar «en unas dos o tres semanas», según ha explicado Guerrero. Por el poco tiempo que se tenía para entrar a la propiedad y ejecutar la resolución del juez, se adjudicó en procedimiento negociado sin publicidad al que se presentaron seis empresas, todas ibicencas, y se adjudicó a Hermanos Parrot por 250.000 euros, 150.000 menos de los previstos en las bases, para la demolición de los 1.892 metros cuadrados de superficie edificada ilegalmente.
El alcalde ha explicado que a pesar de las notificaciones oficiales, del complejo no se ha retirado un solo mueble. Del mismo modo, ha lamentado «el modus operandi» de la propiedad, que hasta el último día «ha estado estafando la gente y aprovechándose. A sabiendas de lo que pasaba hoy y no haber avisado a todos los que había aquí dentro, ni ella ni sus representantes, se califica por sí solo y no nos extraña nada». Tampoco ha habido nadie que se identificara como representante de la propiedad para facilitar la actuación.
Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, hecho por el cual se han considerado ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexa en el edificio principal, el porche, edificación anexa de unos 50 m², los cimientos de una edificación de unos 30 m² de superficie aproximada, edificación de unos 50 m² construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso, dos edificaciones que forman una ‘L’ de una superficie de 200 m² (50 m² una y 150 m² la otra), depósito de agua con una superficie aproximada de 52 m², 8 volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933m2, terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342m2, terrazas abiertas con una superficie total de 414m2, dos piscinas con superficie de espejo de agua 84m2 y 68m2, respectivamente, una cisterna en construcción de 36m2 de superficie y construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloque prefabricado de hormigón y piedra natural, todo con una edificabilidad total aproximada de 1.104 m² y una ocupación total aproximada de 1.892 m². «Es la primera vez que se ha podido entrar a la finca», recordaba el alcalde, que ha señalado que además, se han encontrado «dos o tres volúmenes nuevos levantados después del 2013 y, a pesar de que no son muy grandes, también les tendremos que abrir expediente de demolición».
Como ya se informó anteriormente, una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se retomará la tramitación del expediente sancionador contra sus propietarios y promotores, a los que se considera responsables de una infracción grave. El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución judicial del caso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción que inicialmente era de 1,4 millones de euros. A esta cifra se tendrá que añadir la reclamación correspondiente al coste de la ejecución subsidiaria de la demolición que ha asumido el Ayuntamiento, una cantidad que puede variar en función de la situación que se encuentren dentro del recinto. Por ejemplo, si, efectivamente, los promotores derribaron parte del complejo por su cuenta.
