El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha recibido esta semana la autorización judicial para acceder al interior de la finca llamada Casa Lola para proceder a la ejecución subsidiaria de la sentencia que ordena el restablecimiento de la legalidad urbanística alterada en esta propiedad. El auto judicial de la sala de lo contencioso–administrativo número 2 de Palma da un plazo de 60 días para proceder a la entrada a la finca y ejecutar la demolición de todo aquello construido ilegalmente, pero el alcalde de Sant Josep y responsable de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero ha informado que no tiene intención de agotar este plazo y ha anunciado que ya se ha notificado a la propiedad que la entrada se hará el próximo día 9 de agosto. «Solo una medida cautelarísima lo podría parar y estamos seguros que no pasará», ha afirmado esta mañana al anunciar la notificación recibida ayer de los juzgados, que también ha instado a la propiedad a hacer este trabajo de manera voluntaria antes de esta fecha.
Guerrero ha recordado que preparando este momento ya se encargó un presupuesto de la posible demolición de los 1.892 metros cuadrados de superficie edificada ilegalmente que se tienen que demoler, de más de 300.000 euros, con una duración estimada de los trabajos de entre dos y tres semanas. Una vez se haya entrado a la propiedad se tendrá que hacer el replanteo del trabajo y ajustar el posible coste, que se reclamará posteriormente a los promotores junto con la multa correspondiente a las reiteradas infracciones urbanísticas que han cometido empezando a contar desde que la propiedad ignoró la primera orden de paralización de las obras sin licencia en esta finca, en diciembre de 2012.
«Ya hemos firmado el decreto de alcaldía que se ha notificado a las sociedades titulares de la finca donde les informamos que el 9 de agosto se procederá a la entrada para empezar el trabajo de planificación de todo lo que se tiene que demoler en el interior», ha explicado Guerrero, que ha añadido que «hoy es un día feliz para Sant Josep, porque se acaba una historia demasiado larga por la sensación de impunidad que se transmitía a la ciudadanía, una situación que hemos tenido que vivir a menudo con impotencia, con las manos ligadas y con la sensación que se reían de todos nosotros. Bien, pues no, no puede ser que cualquiera venga aquí pensando que podrá hacer lo que le dé la gana si tiene dinero. El día de poder aplicar la justicia y pasar cuentas acaba llegando».
«La administración es lenta, pero inexorable. Nunca pierde el paso y siempre llega hasta el final, al menos en esta etapa. Y este es el final de la historia que queríamos para esta larga historia, así que tengo que dar las gracias a todos y todas las trabajadoras y personal técnico de la casa que han hecho un trabajo impecable desde el primer día y hasta hoy, por eso los juzgados nos han dado la razón en todas y cada una de las causas que hemos tenido que superar para conseguir la resolución que tenemos hoy y que cierra un capítulo vergonzoso que hemos tenido que tolerar demasiado tiempo. Estamos muy contentos de poder anunciar que el complejo turístico ilegal de Casa Lola dejará de existir físicamente porque lo tumbaremos piedra por piedra», ha declarado el alcalde, que ha agradecido el trabajo de los regidores de Urbanismo que lo precedieron, Josep Antoni Prats i Javier Marí, y ha recordado que el expediente de infracción se cerró hace diez años «con un gran pulcritud y rigor» y que el resto de años que han pasado hasta llegar a la ejecución subsidiaria han sido «una larga batalla judicial contra esta aberración urbanística».
El alcalde ha recordado el último tramo del largo recorrido judicial que ha tenido este caso, que arrancaba hace casi un año con la ratificación por parte del Tribunal Supremo del Estado de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que avalaba la resolución del expediente de infracción urbanística municipal y ordenaba la demolición de todo aquello levantado sin licencia. Con esta esperada resolución, se dio un plazo de tres semanas a los promotores para iniciar la demolición antes de que el Ayuntamiento lo ejecutara de manera subsidiaria. «Nuevamente los propietarios han mirado de esquivar la ley y alargar todo lo que han podido los plazos, mirando de entorpecer nuestro trabajo y sin ninguna colaboración suya y obligando a pedir autorización judicial para poder dar cumplimiento a la sentencia», ha explicado Guerrero, que considera que «lo que ha pasado en Casa Lola nos tiene que hacer reflexionar si este sistema tan garantista que sobreprotege al infractor tiene que seguir siendo así».
Cerca de la resolución final del caso, los promotores miraron de salvar la situación presentando un proyecto de demolición que «no cumplía ni mucho menos todo lo que se tenía que demoler, pero se lo autorizaremos igualmente porque todo lo que ya esté derruido es un ahorro de dinero público». Después no permitieron que entraran los técnicos del Ayuntamiento para certificar el final del trabajo para comprobar si efectivamente habían hecho nada. En cualquier caso, este verano el complejo turístico ha sido denunciado nuevamente por acoger fiestas ilegales y se han recibido quejas de los problemas de tráfico que causa la afluencia de vehículos hacia el recinto que según el alcalde «no acabará la temporada».
Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, hecho por el cual se han considerado ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexa en el edificio principal, el porche, edificación anexa de unos 50 m², los cimientos de una edificación de unos 30 m² de superficie aproximada, edificación de unos 50 m² construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso, dos edificaciones que forman una ‘L’ de una superficie de 200 m² (50 m² una y 150 m² la otra), depósito de agua con una superficie aproximada de 52 m², 8 volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933m2, terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342m2, terrazas abiertas con una superficie total de 414m2, dos piscinas con superficie de espejo de agua 84m2 y 68m2, respectivamente, una cisterna en construcción de 36m2 de superficie y construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloque prefabricado de hormigón y piedra natural, todo con una edificabilidad total aproximada de 1.104 m² y una ocupación total aproximada de 1.892 m².
Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se retomará la tramitación del expediente sancionador contra sus propietarios y promotores, a los que se considera responsables de una infracción grave. El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución judicial del caso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción que inicialmente era de 1,4 millones de euros. A esta cifra se tendrá que añadir la reclamación correspondiente al coste de la ejecución subsidiaria de la demolición que ha asumido el Ayuntamiento, una cantidad que puede variar en función de la situación que se encuentren dentro del recinto. Por ejemplo, si, efectivamente, los promotores derrocaron parte del complejo por su cuenta.
El alcalde ha recordado que el departamento de Urbanismo se sigue trabajando «en silencio y con el mismo rigor» para proteger el territorio de Sant Josep y hacer respetar el ordenamiento urbanístico.
