El Ayuntamiento de Sant Josep pedirá de manera formal al Consell de Ibiza que, como administración superior en la isla en la gestión territorial, acuerde la suspensión de las actuales Normas Subsidiarias, de 1986, y apruebe a continuación las Normas Provisionales (NPP) que se han acordado entre las dos administraciones. La decisión se adoptará en un plenario extraordinario convocado para este próximo lunes, 28 de noviembre, según ha anunciado el alcalde, Ángel Luis Guerrero, que también ha presentado esta mañana el nuevo ordenamiento transitorio junto con el presidente del Consell, Vicent Marí, a quien le ha agradecido «la colaboración del Consell en todo el proceso para llegar a este documento que marcará un antes y un después en Sant Josep, que dispondrá de unas normas urbanísticas claras, transparentes e iguales para todos, sin la discrecionalidad y los trajes a medida de etapas pasadas».
Guerrero ha avanzado que las NPP rebajan la capacidad máxima de las áreas urbanas de Sant Josep a los 43.720 habitantes, pero también ha aclarado que este techo es muy menor «si nos referimos solo en las áreas del municipio donde se podrá pedir licencia sin más trámite, estas suman un límite de 31.702 habitantes», porque para poder sumar los 11.478 habitantes potenciales de las áreas urbanas menos desarrolladas del municipio «tendrán que obtener el informe favorable que acredite que podrán disponer de agua suficiente», ha dicho.
El alcalde ha explicado que la gestión del territorio de Sant Josep «había acontecido imposible en los últimos años», por el desfaso de unas normas subsidiarias de hace más de 35 años que no se han adaptado nunca a ninguna de las leyes de ordenación del territorio posteriores pero también por el desarrollo inadecuado que se practicó en el municipio, con una grave discrecionalidad «que ha perjudicado a la ciudadanía, porque a día de hoy nos encontramos que el Ayuntamiento nunca ha recibido lo que le tocaba en cuanto a terrenos y solares, que no es por capricho sino para atender las necesidades de equipaciones por la población, como escuelas, escoletes, equipaciones educativas y deportivos o viviendas de promoción pública. Los que gobernaron este municipio durante 30 años permitieron un expolio sistemático del que correspondía por derecho a los vecinos y vecinas de Sant Josep y con este nuevo ordenamiento provisional queremos poner las bases para recuperar parte del que es suyo». En la memoria de las NPP se llega a constatar que la razón para otorgar la calificación de urbana a una zona podía llegar a ser que ya se habían dado muchas licencias de construcción, por lo que se consideraba consolidada.
Ante la complejidad de la situación del municipio, los servicios urbanísticos municipales aconsejan suspender el ordenamiento municipal para poder empezar a poner orden. Esto permitirá no dar más licencias ni permitir el desarrollo de ninguna zona del municipio donde no esté claramente delimitada su ordenación. Esta posibilidad se plantea al Consell a primeros de la legislatura, como ha recordado Guerrero, que ha agradecido «la buena predisposición a colaborar para llevarla adelante» a través de una negociación que se ha consensuado en el documento de las Normas Provisionales (NPP) que también se aprobarán el próximo lunes.
En la presentación de esta mañana, el presidente Vicent Marí ha explicado que el acuerdo entre el Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia «pone de manifiesto la voluntad de dos equipos de gobierno, el municipal y el insular, de querer llegar a acuerdos por encima de las diferencias de colores que pueda haber, llegando al que es una buena solución para todos los vecinos de Sant Josep».
Por lo que hace el contenido, el presidente ha destacado que todo y el carácter municipal de esta modificación, se da respuesta a problemas insulares, como es la carencia de suelo industrial. De este modo el presidente ha recordado que «las principales federaciones empresariales de la isla, como la PIMEEF y la CAEB han pedido constantemente más suelo industrial en la isla, una problemática que fue constatada en el consejo de alcaldes de noviembre de 2021» en que las instituciones de Ibiza se propusieron aumentar un 44% el suelo industrial disponible en Ibiza.
Esta modificación también supone el cumplimiento del compromiso del Consell de Ibiza con los vecinos de los edificios Don Pepe de facilitar la recalificación urbanística del terreno que se propusiera desde el Ayuntamiento de Sant Josep para hacer el nuevo edificio «de la manera más rápida posible, sin tener que hacer una modificación de Normas por parte del Ayuntamiento que hubiera necesitado más de 4 años para poderse realizar».
Por su parte el vicepresidente primero del Consell de Ibiza y conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha detallado que la aprobación de las normas provisionales de Sant Josep por parte del Consell Insular son un compromiso que la institución logró con el Ayuntamiento a principio de mandato y que junto con la cesión de la travesía de Sant Jordi, ya realizada, y la rotonda de la entrada del pueblo, en proceso de aprobación definitiva según ha dicho, acontece la mayoría de peticiones realizadas por Sant Josep a este Consell Insular.
En cuanto a la situación urbanística de Sant Josep, Las antiguas Normas Subsidiarias del 1986, que no se han adaptado a los cambios legales posteriores, fijaban un techo de población de 62.307 habitantes, a pesar de que la cifra se puede considerar irreal porque establecía esta estimación calculando solo 3 habitantes por una vivienda de 200 metros cuadrados, por ejemplo. El ordenamiento asignaba en áreas de desarrollo urbano el 13,6% del territorio, 2.162,16 hes. Esto quiere decir que de sus 15.885,41 hectáreas del municipio, consideraba 1.310 hes (agrupadas en un total de 100 sectores) se definen como suelo urbanizable y las 851,46 hes restantes como urbanas. De estas, 381 se consideraban directamente ordenadas y podían obtener la licencia para edificar y otras 468 quedaban incluidas en 83 Unidades de Actuación, con el que requerían de desarrollo urbanístico para poderse desarrollar. «Aquel año había censadas en el municipio algo más de 8.000 personas y el que se pensaba era al multiplicar esta cifra por sed», ha ilustrado el alcalde.
La aprobación de la Ley de Espacios Naturales (LEN) y las Directrices de Ordenación del Territorio (DOTE) imponen un primer recorte a unas normas «absolutamente desmesuradas». Así, las áreas de desarrollo urbano se reducen a 1.608,16 hectáreas y quedan desclasificadas 554, pero se mantienen en 849,51 las consideradas como urbanas con un grado diverso de desarrollo y otras 758,65 hectáreas siguen como suelo urbanizable. Con resultado de esto, el techo de población potencial de las zonas urbanas se rebaja a los 52.388 habitantes.
Después llegan nuevas leyes territoriales como la reciente LUIB, a las que las Normas Subsidiarias no se adaptan pero que tienen su efecto sobre el municipio. Así, según los redactores de las NPP, se podría considerar que el suelo urbano suma 49,51 hectáreas mientras que el urbanizable ha quedado reducido a 258 hes. La capacidad potencial de población la sitúan en una horca que va de los 46.281 a los 54.105, a causa de la dificultad para determinar los parámetros urbanísticos aplicados y su cumplimiento en la delimitación de determinadas zonas del municipio.
Las NPP proponen una nueva delimitación de 924,7 hectáreas de suelo urbano y 198,77 de suelo urbanizable, que representen el 7,1% del territorio municipal, menos de la mitad del que destinaban a uso intensivo del suelo las normas de 1986. En consecuencia, el techo poblacional se reduce entre un 32 y un 50%, por el hecho que la construcción de hasta 11.478 plazas de las 43.720 plazas máximas previstas queda condicionada a la suficiencia de recursos hídricos. Esta situación afecta a 341 hectáreas del solo urbano, que requerirán de un plan especial de ordenación detallada por su desarrollo (42 zonas en total), frente a las 583 hes que reciben una ordenación detallada.
A las nuevas unidades de actuación para obtener suelo para solucionar las deficiencias de equipaciones de determinadas áreas la cesión por el Ayuntamiento será aproximadamente del 50% de la superficie sucia.
Solo se desclasifica un urbanizable, el denominado de Cas Damians, y no se clasifican nuevos solos ni se altera la clasificación de los existentes, a pesar de que se usa al formula del Suelo Urbanizable Directamente Ordenado (SUDO) por la obtención anticipada de terrenos por las operaciones urbanísticas consideradas más urgentes desde el equipo de gobierno.
La primera de estas se hace en cumplimiento del acuerdo del Consell de Alcaldes de ampliar el suelo industrial disponible. En este caso, se propone la reconversión de una zona contigua a un polígono industrial del municipio de 8,93 hectáreas con la siguiente delimitación: 45.609 metros cuadrados destinados a naves industriales, 13.964 m² por equipaciones municipales y 12.612 m² de espacio libre público. El conseller de Territorio ha dicho al respecto que en este desarrollo se espera poder construir la segunda estación permanente de ITV de la isla.
Con el segundo SUDO propuesto se busca obtener terreno suficiente para la construcción de 100 viviendas para realojar las familias de los apartamentos Don Pepe, además de la vialitat necesaria para la nueva urbanización, situada junto a una zona ya consolidada.
En la línea de definir ámbitos destinados a acoger equipaciones consideradas urgentes y que no se puede esperar a la aprobación definitiva del nuevo ordenamiento, se designan como parte del sistema general de equipaciones municipales un suelo urbanizable al antiguo sector 1.1 de Can Burgos de donde el Ayuntamiento obtiene un terreno de 14.882 metros cuadrados, necesarios para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, una demanda considerada de interés general por el municipio y por el conjunto de la isla de Ibiza para facilitar el trabajo de este cuerpo y favorecer la estabilización de su plantel.
También se designa una superficie de 28.248 a la parte posterior de Cala de Bou donde se propone ubicar equipación cultural y cultural. Del mismo modo se hace también con un terreno anexo en la escuela de Sant Jordi para el futuro desdoblamiento del centro educativo.
Se prevén también dos unidades de actuación en la entrada de Sant Josep desde Ibiza para obtener suelo por la glorieta prevista para descongestionar el acceso al núcleo.
De las 583,3 hectáreas urbanas definidas de manera detallada, se fijan las determinaciones por 517,9 de ellas, mientras que a las 65,4 restantes las NPP se remiten a las condiciones fijadas ajos planos parciales que las desarrollaron. Según las diferentes calificaciones, en estas zonas se clasifiquen 254.260 metros cuadrados de sol por equipaciones, 81.826 m² de espacio libre público y 8.877 de privado.
En resumen, del total de 924,7 hectáreas de solo urbano definidas a las NPP, solo será posible la autorización de edificaciones a 478 hes (el 51,74%), que son las ordenadas de manera directa y fuera de los ámbitos de las unidades de actuación (51,63 h) o de los que requerirán de un plan especial para dotar de infraestructura urbana una zona (53,21 h). A las 446,22 hectáreas restantes hará falta la formulación y ejecución previa de planeamiento por su desarrollo antes de permitir la construcción.
