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El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia solicita autorización judicial de entrada en el vertedero incontrolado de Cala Tarida ante la negativa del propietario a permitir la ejecución subsidiaria de la limpieza del terreno

19 diciembre, 2022

El Ayuntamiento de Sant Josep pedirá la autorización judicial para acceder a la finca de Cala Tarida que ha acontecido un vertedero incontrolado con todo tipo de productos peligrosos y vehículos de varios tonelajes, después de que esta mañana el propietario ha denegado la entrada a la comisión municipal que tenía que acceder para iniciar la ejecución subsidiaria de la limpieza del terreno, desobedeciendo el decreto de alcaldía que lo informaba del día y hora en que se empezaría a limpiar la finca. La regidora de Medio Ambiente, Mónica Fernández, ha explicado que «la carencia de colaboración por parte de esta persona solo nos hará tardar algo más, pero tendrá que hacer frente a sus responsabilidades porque estamos decididos a ir hasta el final para acabar con el peligro que supone el vertedero ilegal que tenemos en este punto del municipio. La voluntad del Ayuntamiento es clara».

Se tiene que añadir que además de la petición al juzgado de la autorización de entrada en la propiedad, se le traslada la denuncia de la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad por parte del responsable del vertedero ilegal a raíz de su negativa a atender el decreto de alcaldía que lo informaba de la ejecución subsidiaria de los trabajos, una vez superados los plazos que se le habían dado para que limpiara él mismo la finca. El decreto también lo informaba de la fecha y la hora en que los técnicos y las brigadas municipales acudirían a la propiedad para iniciar la retirada de todos los restos que se acumulan, acompañados de la Policía Local para levantar acta, a los que ha recibido en la entrada sin dejarlos acceder al interior. También ha proferido varias acusaciones que podrían derivar en acciones judiciales en su contra, como se le ha advertido reiteradamente, además de las consecuencias de su falta de cooperación. Además, ha sido advertido que se retirarán los numerosos vehículos sin la documentación obligatoria que se han detectado en los alrededores de la finca invadiendo un camino público.

El decreto de alcaldía también ha aprobado la liquidación provisional de 407.000 euros, que se corresponde al coste que se ha estimado de manera preliminar que tendrà la gestión adecuada de los residuos acumulados en la propiedad, que incluyen materiales contaminantes y peligrosos de todo tipo, sin descartar los explosivos, además de más de un centenar de vehículos de gran tonelaje y embarcaciones. Justo es decir que la ejecución subsidiaria no se ha podido decretar hasta que no se ha dispuesto de esta estimación de costes, que también ha sido complicada de elaborar por la carencia de colaboración del propietario.

A raíz de la incoación el año pasado del expediente sancionador por la acumulación de restos peligrosos en la propiedad, al titular se le impuso una sanción de 5.000 euros, multa que ha acontecido firme a principios de este año. Con esta tramitación completada, se procedió a reiterarle al propietario a través de un decreto de alcaldía de febrero de este año la obligación de retirar todos los residuos de la finca, a través de notificaciones que ha rechazado reiteradamente. Superados los plazos, la notificación se consideró rechazada y se procedió a incoar la ejecución subsidiaria, que ahora tendrá que esperar a la autorización judicial de entrada para poderse completar. El coste que finalmente tengan esta operación se añadirá a la cuantía que ya se le reclama para el vertedero incontrolado, sin descartar que se le puedan imputar también responsabilidades penales según evolucione el caso.

La finca en cuestión ha sido objeto de reiteradas quejas por el riesgo ambiental y de seguridad que representaban el importante volumen de residuos peligrosos y contaminantes, además de más de un centenar de vehículos abandonados. Fruto de estas denuncias, el Ayuntamiento ha requerido reiteradamente el propietario que asumiera su obligación de mantener en buen estado la finca. De hecho, los primeros avisos de la situación llegan el 2016. Raíz de estos, se han hecho varias inspecciones que han confirmado la acumulación de residuos peligrosos, como materiales químicos contaminantes y combustibles, junto con evidencias de la reparación de vehículos y embarcaciones a cielo abierto y sobre un solo permeable. También se acumulan los restos de materiales de construcción y sin ninguna medida de prevención de riesgos ni ninguna cura de la vegetación.

Pero el principal riesgo en la finca lo representa el hecho que se acumulan desde turismos hasta camiones y maquinaria de gran tonelaje, además de embarcaciones en un número creciente. Según el último recuento, que se cocida al informe jurídico que avala la actuación municipal, hay 41 vehículos y 59 embarcaciones de gran eslora, según las últimas imágenes aéreas presas por el dron de la Policía Local de Sant Josep, que las trasladó a varias instancias para que se investigue si se está cometiendo un delito ambiental en esta finca.