El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha desestimado el recurso de reposición presentado contra la orden de demolición del establecimiento turístico ilegal denominado Casa Lola. Una vez tomada esta decisión, el alcalde ha firmado un nuevo decreto donde informa a la propiedad que el Ayuntamiento asume la ejecución forzosa de la orden de restablecimiento de la legalidad que se dictó el agosto pasado. Así, una vez transcurrido un nuevo plazo para que la promotora pueda acatar su cumplimiento, la Corporación enviará los medios técnicos necesarios para proceder a la restitución urbanística. En el decreto se concreta que será el próximo 13 de diciembre cuando comparecerán los técnicos del Ayuntamiento para proceder a la demolición de las obras irregulares según la sentencia judicial del caso. También informa que los operarios irán acompañados de la Policía Local para levantar acta de lo que pase.
El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, ha valorado «la exhaustividad del informe jurídico que fundamenta la desestimación de los argumentos de la representación legal de la propiedad y los rebate punto por punto». «Entre otras cosas se venía a decir al Ayuntamiento que no habían tenido bastante tiempo para cumplir la orden de ejecución, pero tenemos que recordar que hace diez años que se inició el expediente de infracción urbanística que ya los obligaba a demoler todo aquello construido sin licencia y a día de hoy no consta que ni siquiera hayan presentado un proyecto de demolición», ha recordado el también responsable del área de Urbanismo, que ha añadido que el Ayuntamiento ha preparado ya este proyecto ante la previsión que la propiedad desobedezca nuevamente la orden de ejecución forzosa.
En este caso la Corporación ya prevé ejecutar la demolición de manera subsidiaria, el coste de la cual reclamará después a la promotora, que se ha estimado en un importe de 275.000 euros. Si el próximo día 13 la propiedad niega la entrada al complejo turístico ilegal para poder proceder a la demolición o si se impide poder comprobar que ya la ha ejecutado por su cuenta, «se tendrá que pedir autorización judicial para poder acceder pero confiamos que los juzgados sean rápidos al conceder la entrada, si tenemos en cuenta que se trata de dar cumplimiento a una sentencia ratificada en el tribunal Supremo», ha explicado Guerrero.
Con la resolución judicial del caso, se han podido concluir también los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística abiertos por el Ayuntamiento a raíz de las diferentes denuncias y visitas que se han hecho en los últimos años por parte de los servicios técnicos municipales al complejo turístico ilegal des Cubells. Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, hecho por el cual se han considerado ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexas al edificio principal, el porche, edificación anexa de unos 50 m², los cimientos de una edificación de unos 30 m² de superficie aproximada, edificación de unos 50 m² construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso, dos edificaciones que forman una ‘L’ de una superficie de 200 m² (50 m² una y 150 m² la otra), depósito de agua con una superficie aproximada de 52 m², 8 volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933m2, terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342m2, terrazas abiertas con una superficie total de 414m2, dos piscinas con superficie de espejo de agua 84m2 y 68m2, respectivamente, una cisterna en construcción de 36m2 de superficie y construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloque prefabricado de hormigón y piedra natural, todo con una edificabilidad total aproximada de 1.104 m² y una ocupación total aproximada de 1.892 m².
Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se sigue la tramitación también del expediente sancionador contra la propiedad, dado que estas obras ilegales han sido tipificadas como una infracción grave. El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución del recurso contencioso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción de 1,4 millones de euros, a los que se tendrá que añadir también la factura de la demolición llegado el caso que sea el Ayuntamiento quién lo tenga que asumir.
