El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha experimentado este año un fuerte aumento del número de personas y familias que han tenido que recibir algún tipo de ayuda de servicios sociales para cubrir sus necesidades básicas, una situación relacionada con la crisis económica derivada de la pandemia. Así, la regidora de Benestar Social ha atendido hasta el pasado 15 de diciembre a 1.676 personas, el doble que en 2019. De estas atenciones particulares se han generado un total de 1.322 expedientes familiares, 727 más que en todo el año previo, con un incremento del 122%.
Además de recibir más usuarios, estos han necesitado de más ayuda para cubrir sus necesidades básicas por parte de la Administración. De hecho, si para atender las 595 familias que lo requirieron en el 2019 no se llegó a agotar la partida de 300.000 euros que había prevista en los presupuestos de aquel año -se llegó a los 258.414 euros- este año las partidas se han suplementado dos veces para llegar a entregar ayudas por importe total de 948.415 euros, un 267% más.
La teniente de alcalde de Bienestar Social, Ana Ribas, señala que «si el año pasado la ayuda media que requerían las familias rondaba los 434 euros de media, este año se han más que doblado los demandantes de ayuda y esta cifra se ha visto incrementada hasta los 717 euros, un 65% más. El impacto de la crisis sobre las familias del municipio ha sido muy intenso y profundo. De hecho, lo que más se ha pedido son ayudas para atender lo más básico».
De hecho, el capítulo de las prestaciones que más se ha incrementado es el de las ayudas económicas para gastos de alimentación, higiene y limpieza, a las que se han destinado 651.354 euros para atender 1.274 casos. Las personas atendidas han aumentado más de un 300% respecto las 307 de 2019, pero la cantidad entregada para cubrir sus necesidades ha subido todavía más en comparación a los 127.960 euros del pasado ejercicio: un 409%.
También han subido, aunque menos, las ayudas destinadas a personas en dificultades puntuales para hacer frente a su alquiler. Así, las 49 familias (con un total de 106 personas) recibieron durante el año pasado un total de 73.078 euros en ayudas para superar un mal momento. Este año han sido 107 familias (245 personas) las demandantes y han recibido 145.295 euros. En el 2019 los servicios sociales aportaron cerca de 1.491 euros por familia, una cifra que este año ha bajado hasta los 1.357 de media. Estas ayudas son al margen de las subvenciones específicas para ayudar a hacer frente el alquiler para personas afectadas económicamente por la COVID-19, a las que se han destinado 200.000 euros y están a punto de completar su tramitación.
Las necesidades básicas que cubre la primera atención de los servicios sociales son aquellas vinculadas a garantizar la alimentación de las personas, conservar su hogar o garantizar los suministros básicos de agua y energía. También incluyen ayudas para obtener el material escolar u otras necesidades del alumnado de las etapas obligatorias, gafas y productos ortopédicos.
Ribas ha querido destacar el hecho que, para hacer frente al incremento de familias usuarias de los servicios sociales el Ayuntamiento solo ha podido incorporar a dos trabajadoras sociales a las cinco que ya tenía su plantilla. «Con unos recursos más que limitados, las profesionales del área de Bienestar Social han sido capaces de sacar adelante este incremento brutal de demandantes de ayuda sin colas de espera y con diligencia, porque todas son muy conscientes de la falta que hacen estos sueldos a las familias del municipio. Por eso quiero agradecer el sacrificio que hacen para dar respuesta a todos los casos que les llegan».
La teniente de alcalde ha recordado que «ya hace años que son las profesionales que más carga de trabajo soportan, porque en Sant Josep el presupuesto de los servicios sociales crece en partidas para ayudar a las personas, pero no en personal, que multiplica sus esfuerzos para dar al alcance». Así ha señalado que además de la gestión de las demandas de prestaciones, los servicios sociales municipales han atendido también durante el año situaciones extraordinarias como la puesta en marcha de un albergue de emergencia en Can Guerxo para facilitar que las personas sin techo del municipio dispusieran de un lugar donde confinarse durante el primer estado de alarma, en el que estuvieron 22 personas durante el mes y medio que operó «y muchas de ellas se decidieron a iniciar su reinserción social de la mano de los servicios sociales raíz de esta experiencia».
