El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha instado a la propietaria de la propiedad llamada Casa Paola a dar cumplimiento del expediente de disciplina urbanística que ordena la demolición de varias construcciones levantadas sin licencia urbanística y que son ilegalizables por estar edificadas en suelo protegido. La resolución del expediente ha acontecido firme una vez transcurridos todos los plazos sin que se recurriera por parte de la propiedad. El decreto también da un plazo de tres semanas (a contar a partir de la notificación a la propiedad, registrada esta semana) para dar cumplimiento a la orden de demolición. En caso contrario, se advierte que el Ayuntamiento procederá a su ejecución subsidiaria.
Como en el caso del complejo ilegal de Casa Lola, de la misma propiedad, una vez transcurrido el plazo, una comisión municipal visitará la finca para comprobar si se ha ejecutado la demolición de las construcciones ilegales. En caso de que no se le facilite el acceso, se solicitará la autorización judicial de entrada para hacer la comprobación y derrocar todo aquello levantado sin licencia.
En el caso de Casa Paola, según el expediente de disciplina urbanística incoado el 2016, las construcciones que se tienen que derribar son un nuevo volumen de unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura que tendria un uso residencial; un aljibe de unos 75 metros cuadrados; una piscina de 100 metros cuadrados y una construcción anexa de 150 metros cuadrados y posiblemente también con uso residencial. Casi 500 metros cuadrados a los que se tiene que sumar la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales en una área de 120x75x60 metros con una altura de un metro.
Justo es decir que durante las diversas visitas de los celadores a las obras ilegales se comprobó también como reiteradamente se fueron incumpliendo las órdenes de paralización emitidas desde el Ayuntamiento, hecho por el cual se consideró la propietaria, Inversiones Hoteleras Faro, responsable de una infracción urbanística muy grave y se le ordenó la reposición de la vivienda a su estado anterior, además de advertirla de la apertura de un expediente sancionador por estos hechos.
Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido la orden de restauración, el Ayuntamiento inicia los pasos para hacerlo a través de sus propios medios si la propiedad sigue sin restablecer la realidad física alterada a su situación anterior. También se advierte a la entidad propietaria que el coste del derribo se ha estimado en unos 105.546 euros, que se liquidarán provisionalmente por parte del Consistorio si finalmente tiene que asumir esta tarea, al margen que el coste final sea menor o mayor. La resolución da 10 días de plazo para dar audiencia a los interesados.
El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, ha recordado que «hace un año anunciábamos que entraríamos en Casa Lola para restablecer la legalidad urbanística y acabar con los excesos que se han hecho allí y no todo el mundo se lo creyó. Hoy estoy seguro que cuando decimos que también haremos cumplir la ley en Casa Paola todo el mundo sabe que vamos en serio».
Sobre la marcha de la demolición de Casa Lola, vinculada a la misma propietaria, a día de hoy ya se han derribado unos 2.600 metros cuadrados de construcciones ilegales, pavimentados, muros, menajes exteriores y vallas perimetrales, que suman un volumen de 6.700 metros cúbicos de restos de obra, y otros 320 metros cuadrados de piscinas que se han desmantelado. Los trabajos están a punto de acabar, según informan los servicios municipales de Urbanismo.
