A raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que considera que la coalición que gobernaba el Ayuntamiento de Sant Josep en 2013 (PP y Nov-A), no actuó para garantizar el descanso de los vecinos de Sant Jordi y su entorno ante la fuerte contaminación acústica que tenían que soportar por la música a un volumen elevado de determinados establecimientos de Platja d’en Bossa. De hecho, en la sentencia que desestima el recurso del Ayuntamiento contra la condena de instancia por la inactividad municipal, los jueces de la Sala del Contencioso–administrativo del TSJB recuerdan que nunca se atendieron por parte de los gobernantes de Sant Josep de entonces las denuncias y quejas que instaban a reducir los niveles sonoros «hasta los límites legales» y pedían medidas cautelares como el precinto de los equipos de música. «Lo más grave es que esta medida estaba prevista en las ordenanzas pero los responsables del PP y Nov-A nunca las quisieron aplicar, ellos tendrán que explicar por qué», ha dicho el alcalde, Ángel Luis Guerrero.
«Hoy en día creo que le hemos dado la vuelta como un calcetín al Ayuntamiento, trabajamos por el interés general y con vocación de servicio público desprendiendo de muchos años de gobiernos que solo se preocupaban por los intereses particulares de unos cuántos», ha insistido Guerrero, que ha recordado que ante el mínimo indicio ahora los agentes de la Policía Local actúan con el precinto provisional del equipo musical hasta que no se acredita a través de un estudio acústico que se cumple la normativa municipal. «Y las denuncias se llevan hasta el final, con la imposición de multas de miles de euros a los locales infractores, no como cuando se dejaban correr los plazos para dar por prescrita la infracción».
El PP y los que entonces eran sus socios «tendrán que explicar a la ciudadanía porque toleraron la situación, teniendo sonometrías que reiteradamente demostraban que la música de Platja d’en Bossa superaba por mucho los límites legales, porque no actuaron cuando el ruido molestaba incluso a vecinos de otros municipios, como Puig des Molins, como recuerdan los jueces».
La resolución del TSJB no implica ninguna sanción ni tiene consecuencias para la institución municipal, pero «es una condena moral a una manera de hacer que no tiene que volver y tenemos que pedir disculpas a los ciudadanos y ciudadanas por lo que les tocó sufrir. Afortunadamente para nuestros vecinos y vecinas esta bofetada de los tribunales llega cuando los que la merecían ya no están aquí para recibirla, pero es suya».
