El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ordena la demolición de todas las construcciones ilegales en un plazo máximo de dos meses. Así se ha resuelto el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística abierto a raíz de las obras sin licencia detectadas el año pasado en un antiguo restaurante situado en el Cami de ses Roques Males, en las inmediaciones de Platges de Comte. Estas obras consistían, entre otras, en la conversión de la piscina en habitaciones para destinarlas a uso residencial, tal y como detectaron los agentes de la Policía Local en una inspección realizada a raíz de la denuncia recibida en el retén a raíz de las obras en el edificio. La junta de gobierno de Sant Josep ha ratificado la propuesta de resolución de los servicios jurídicos municipales, que entre otras cosas advierte al promotor que si incumple la orden de restauración de la legalidad urbanística infringida se arriesga a la imposición de hasta 12 sanciones coercitivas por importe del 10% del valor de las obras realizadas y de un mínimo de 600 euros cada una mientras persistan las irregularidades. Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se abrirá ahora otro de carácter sancionador contra el promotor de estas obras ilegales, consideradas una infracción grave.
La resolución acordada también mantiene la suspensión de los usos urbanísticos de la parcela y se advierte que, transcurrido el plazo para ejecutar los trabajos necesarios para el restablecimiento de la realidad física alterada y el escombro de todo lo construido sin licencia, el Ayuntamiento podrá ejecutar de manera subsidiaria estos trabajos con coste a cargo del infractor. Contra esta decisión se puede presentar recurso de reposición ante la junta de gobierno o ante el Juzgado del Contencioso–administrativo.
Al promotor se le imputa la construcción sin licencia de «como mínimo» una piscina, cubierta por toldos para ocultar las obras a sus vecinos, varias cámaras por debajo de esta (sepultadas y semi-soterradas), una terraza y unas escaleras de acceso a la zona. Los aposentos disponían de ventilación e iluminación a través de aperturas en los menajes verticales, lo que hace suponer que se querían destinar a uso residencial.
El expediente de restablecimiento de la legalidad vulnerada se abrió a raíz del informe de los servicios urbanísticos de septiembre del año pasado que confirmaban que las obras no solo no disponían de licencia sino que también eran ilegalizables, atendida la calificación urbanística de la parcela, suelo rústico común afectado parcialmente por el área de protección territorial y dentro de área de protección de riesgos de vulnerabilidad de acuíferos y parcialmente de incendios.
La apertura del expediente se comunicó también al Registro de la Propiedad para que fuera anotado preventivamente, un procedimiento que se hace de manera rutinaria desde el Ayuntamiento en estos casos y que se mantiene hasta la resolución de la infracción.
Después de varias gestiones para informar la persona identificada como responsable de las obras ilegales y sus representantes sin que se presentara proyecto de legalización por su parte, a pesar de concederle la ampliación de plazo que había requerido para hacerlo, el procedimiento de restablecimiento de la legalidad ha seguido su curso una vez agotados «con creces» los plazos para que formularan alegaciones hasta la resolución ratificada por la junta de gobierno.
Agentes de la Policía Local de Sant Josep ordenaron en febrero de 2020 la paralización de las obras sin licencia en un antiguo restaurante situado en el Cami de ses Roques Males, en las inmediacions de Platges de Comte, donde se estaba transformando en habitaciones una piscina, entre otras irregularidades. Los funcionarios actuaron a instancias de una queja recibida en el retén a raíz de las obras en el edificio, donde se han detectado también algunos almacenes y una furgoneta donde se encontraron indicios que había gente viviendo. La presencia policial provocó la desbandada de los trabajadores que en aquel momento estaban en la obra.
A raíz de una queja por las obras en un edificio del Cami de ses Roques Males, una patrulla policial se desplazó al lugar para comprobar los hechos. Allí, el propietario del restaurante donde se estaban haciendo las obras, un ciudadano de origen francés, explicó que estaban haciendo una escalera y autoriza la entrada a los agentes para confirmarlo. Una vez en el recinto, los policías pudieron comprobar que las obras tenían un mayor alcance.
En la inspección del recinto se detectaron varios habitáculos con indicios de estar habitados, entre ellos una furgoneta y dos almacenes. Además, se observa gran cantidad de materiales de construcción y pruebas evidentes que se estaba trabajando, con cemento fresco en varios puntos. Además de la escalera en construcción, los agentes detectaron que se estaban alterando las dimensiones de la piscina para hacer una construcción de tres habitaciones destinadas, posiblemente, a una vivienda. En todo el recinto se habían extendido entoldados para ocultar a los vecinos la realización de las obras. En un extremo del establecimiento se detectó una pequeña vivienda donde residían las dos personas identificadas, a las que se encontró también en posesión de una pequeña cantidad de marihuana.
Una persona identificada también en la entrada corrió al interior del establecimiento para avisar a las que trabajaban en el interior, provocando una desbandada. Advertido de este hecho, el ciudadano francés explicó que probablemente habían huido por no tener su aposento regularizado en España.
