El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha emitido una sentencia confirmando íntegramente la decisión anterior de un juzgado de primera instancia avalando las actuaciones del Ayuntamiento de Sant Josep contra la empresa Inversiones Hoteleras Faro por unas obras ilegales. Esta sentencia confirma la orden de demolición de varias construcciones en el establecimiento denominado Casa Lola.
Los hechos que han motivado esta sentencia se iniciaron en el mes de julio de 2012, cuando el celador de obras descubrió que se estaban ejecutando unos trabajos en la finca sin la debida licencia. En diciembre del mismo año, el Ayuntamiento ordenó paralizar las obras y, a continuación, precintó la obra. Sin embargo, la propiedad no sólo ignoró la orden, sino que levantó los precintos sin autorización y continuó trabajando. Ante esta situación, el Ayuntamiento presentó una denuncia contra la propiedad en el juzgado y le requirió que, en el plazo de dos meses, presentara la documentación adecuada para obtener licencia municipal de obras.
Las obras ilegales consisten en:
- 8 volúmenes de planta baja con una superficie total cerrada de 933 metros cuadrados.
- Terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342 m2.
- Terrazas descubiertas con una superficie total de 414 m2.
- Dos piscinas con superficie de espejo de agua 84 m2. y 68 m2, respectivamente.
- Una cisterna en construcción (fase de cubrición mediante forjado
autorresistent) de 36 m2. de superficie. - Construcción de varios muros de cerramiento de parcela y divisiones interiores,
mediante prefabricado de hormigón y piedra natural (parcialmente terminados y en
fase de construcción).
En diciembre de 2014, la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de ordenar la restauración de la legalidad urbanística infringida, ante la imposibilidad de que las nuevas construcciones pudieran obtener la preceptiva licencia. Posteriormente, la propiedad presentó recurso ante el Juzgado Contencioso Administración número 3 de Palma, que desestimó sus alegaciones. A continuación, Inversiones Hoteleras Faro apeló al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que también ha rechazado los argumentos presentados por la propiedad y ha avalado completamente la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep.
En primer lugar, Inversiones Hoteleras Faro SL afirmaba que el expediente urbanístico había caducado por inactividad del Ayuntamiento. El tribunal considera que de hecho se produjo la situación contraria, ya que si bien es cierto que el procedimiento se ha alargado en el tiempo, se ha debido a maniobras de “inactividad, dilación o entorpecimiento procedentes de la parte interesada”.
La parte recurrente también había denunciado una supuesta violación del principio “no bis in idem”, alegando que las mismas obras habían sido objeto de otro expediente de disciplina urbanística. En este sentido, el TSJB remarca que “no se discute la ilegalidad de las obras”, por lo que “es irrelevante si -hipotéticamente- ha ordenado dos veces su demolición”, ya que esto no supone duplicar el efecto desfavorable.
El tribunal también ha condenado a Inversiones Hoteleras Faro SL a abonar las costas procesales.
Cabe recordar que este procedimiento se alargó debido a que la demandante reclamó a los juzgados la traducción de la primera sentencia, que era en catalán. Finalmente, transcurrido más de un año y visto que los juzgados no habían hecho la traducción, el Ayuntamiento contrató a una persona especializada para traducirla y poder desatascar el procedimiento.
Una vez la sentencia sea firme, el Ayuntamiento ordenará el cumplimiento de esta, lo que implica que la empresa infractora deberá proceder a la demolición de todas las obras ilegales. En caso de no hacerlo, se encargaría el Consistoiro de forma subsidiaria y obligaría a la propiedad a hacerse cargo de los gastos.
